Alineación con los estándares internacionales

1. No existe un compromiso explícito con las normas internacionales de derechos humanos, o el compromiso abarca algunos pero no todos los derechos humanos más importantes. 

2. No existe un papel explícito para los titulares de derechos en el establecimiento de estándares.​

Alcance

3. No existe obligación de que las marcas compartan la responsabilidad con los proveedores.

4. No tiene en cuenta adecuadamente a las personas vulnerables.

5. No tiene en cuenta adecuadamente el género.

Auditorías

6. Permite a la empresa o proveedor auditado pagar directamente la auditoría y/o elegir al auditor.

7. No se exige que los auditores tengan competencias en derechos humanos ni conocimiento del contexto local. 

8. Las auditorías se llevan a cabo de manera no presencial, entre otras debilidades procesales.

9. La auditoría es aprobada a pesar de que la muestra no sea representativa, o de un tamaño insuficiente de la muestra.

Mecanismos de presentación de denuncias

10. No existe un mecanismo de presentación de denuncias a nivel del esquema y/o no existe un requisito para un mecanismo de presentación de denuncias en el estándar. 

11. No existen controles para garantizar que los mecanismos de presentación de denuncias brinden soluciones efectivas. 

Gobernanza y rendición de cuentas

12. Falta o mala comunicación de la norma de la iniciativa o de los requisitos de certificación a todas las partes interesadas.

13. No existe un proceso para suspender o retener la membresía o certificación hasta que se adopten e implementen planes de acción correctiva.

14. No hace pública la información sobre auditorías, reclamos o cumplimiento.

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4. No tiene en cuenta adecuadamente a las personas vulnerables.

• Qué significa esto 
• Por qué debería importarles a los inversionistas​
• Qué se debe buscar​

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Los trabajadores migrantes, jornaleros, empleados temporales, trabajadores contratados a través de intermediarios laborales (que frecuentemente son forzados a pagar cuotas de reclutamiento), trabajadores de fábrica sujetos a cuotas de producción o pagos a destajo, y personas sin contrato escrito (incluyendo estructuras de “trabajo familiar”, según las cuales las mujeres y los niños trabajan, pero solo los hombres reciben pagos) se encuentran entre los trabajadores más vulnerables en las cadenas de suministro. Suelen ser marginados debido a su estatus migratorio o laboral, y a su falta de seguridad financiera. En algunos casos, estos trabajadores viajan largas distancias desde sus hogares y residen en viviendas proporcionadas por el empleador, lo que los deja aislados, sin recursos, y dependiendo del empleador o contratista laboral. En algunas industrias es común que los trabajadores traigan a sus hijos, lo que aumenta el riesgo de explotación infantil, ya que estos niños faltan a la escuela para ayudar a sus padres. La precariedad a la que se enfrentan estos trabajadores significa que pueden ser intimidados con mayor facilidad, son propensos a aceptar condiciones de trabajo peligrosas, y son más propensos a sufrir confiscación de documentos de identidad, servidumbre por deudas, robo de salarios, o trabajo forzoso. En el caso de las inversiones basadas en la tierra, los pueblos indígenas enfrentan los riesgos relacionados con la negación del consentimiento libre, previo e informado.

Un esquema sólido debe esperar que las entidades adherentes conozcan e informen sobre el porcentaje de personas vulnerables en su fuerza laboral y afectadas por sus operaciones en general, e instituir salvaguardas de auditoría, como la realización de entrevistas fuera del lugar de trabajo, reconociendo que podría ser más difícil hacerlo en una plantación o en un lugar de extracción minera que en una fábrica. Los esquemas deben enfatizar que las entidades utilicen un enfoque interseccional para identificar a las personas que están en mayor riesgo.

Los esquemas de auditoría que no tienen en cuenta a los trabajadores más vulnerables no pueden reducir eficazmente la incidencia de trabajo forzoso, dejando a las empresas expuestas a riesgos legales, financieros y reputacionales.

El riesgo de trabajo forzoso aumenta con la subcontratación — práctica generalizada en todas las industrias[1]. La subcontratación a menudo se realiza fuera de los registros y no puede detectarse mediante las auditorías habituales, incluso cuando estas se realizan in situ. Los trabajadores de la industria textil pueden realizar bordados u otros trabajos a destajo en casa o en una instalación de subcontratación no certificada. En la construcción, los jornaleros pueden ser contratados fuera de la obra y en condiciones acordadas solo verbalmente. En la agricultura, un contratista de mano de obra o “jefe de cuadrilla” puede reclutar, contratar, transportar y pagar a los trabajadores directamente, fuera del ámbito de competencia del propietario de la finca.

Una investigación de 2023 realizada por Repórter Brasil descubrió que 17 trabajadores, entre ellos una niña de 15 años y dos niños de 16 y 17 años, fueron rescatados de la esclavitud moderna en plantaciones de café en el estado de Minas Gerais (Brasil), uno de los mayores proveedores de Starbucks. Las plantaciones ostentaban las Prácticas C.A.F.E. (Café y Equidad de los Agricultores) de Starbucks, y las iniciativas de la Alianza para los Bosques Tropicales[2]. Los trabajadores rescatados habían llegado a un sitio lejos de casa para trabajar en la cosecha de café de temporada y denunciaron a un intermediario que los reclutó ilegalmente y luego retuvo sus salarios, entre otros abusos[3]. En enero de 2024, la Liga Nacional de Consumidores presentó una demanda en el Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia acusando a Starbucks de engañar a los consumidores con afirmaciones de abastecimiento de café y té “100% ético”, citando debilidades de las iniciativas en las que Starbucks se basa para proteger a los trabajadores migrantes[4].

Incluso cuando las normas tienen en cuenta a los trabajadores vulnerables, la falta de especificidad sobre cómo deben implementarse puede dar lugar a un fracaso en la mitigación del riesgo y en garantizar que las personas marginadas estén protegidas. El Estándar de Producción para Pequeños Productores de Bonsucro, presentado en 2018, tomó en cuenta específicamente a los trabajadores agrícolas vulnerables en uno de sus indicadores principales requeridos para los procesadores de azúcar participantes en ese momento:

“Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de los grupos vulnerables sujetos a discriminación, como las trabajadoras, los trabajadores migrantes o por contrato a término, los grupos étnicos o sociales subrepresentados, los representantes sindicales, los miembros de sindicatos, o los trabajadores no sindicalizados (Indicador 2.1.3)”[5].

Es positivo que la norma se centre en los trabajadores agrícolas, dado que muchas normas se centran únicamente en los agricultores. Sin embargo, un estudio encargado por Bonsucro sobre la implementación en India encontró que algunas fábricas certificadas por Bonsucro dependían de trabajadores contingentes, incluyendo migrantes[6], y no realizaban de manera rutinaria controles de identificación formal ni proporcionaban contratos escritos y recibos de pago — protecciones esenciales para los trabajadores[7]. En 2024, Bonsucro revisó su Estándar de Producción para Pequeños Productores para exigir que todos los trabajadores de la explotación agrícola tengan contratos escritos o una tarjeta nacional de trabajo.

→ Demuestra: Riesgo reputacional, riesgo legal.

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[1] Genevieve LeBaron et al. Informe sobre Evidencia de Trabajo Forzoso: Contratos Comerciales y Abastecimiento (Re: Structure Lab, 2021). https://static1.squarespace.com/static/6055c0601c885456ba8c962a/t/61f9d3eaf800aa5cc72766cd/1643762668092/ReStructureLab_CommercialContracts_July2021.pdf.
[2] Repórter Brasil. Detrás del café de Starbucks (octubre de 2023), 4. https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/11/monitor_starbucks_coffee_slave_labor_ENG.pdf.
[3] Ibid., pp. 11-13. Las respuestas de Starbucks y Rainforest Alliance a los informes están disponibles en el sitio web de Repórter Brasil: https://reporterbrasil.org.br/2023/11/integra-dos-posicionamentos-de-starbucks-rainforest-alliance-fazenda-pedreira-cooxupe-e-fazenda-cedro-chapadao/.
[4] Liga Nacional de Consumidores vs. la Corporación Starbucks. Tribunal Superior del Distrito de Columbia, Caso No. 2024-CAB-000196, (2024). https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2024/01/starbucks-labor-rights-violations-suit.pdf.
[5] El impacto de Bonsucro en los Derechos Humanos en el Sector de la Caña de Azúcar: Un Enfoque en la India (Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, 2019), 61. https://www.sipa.columbia.edu/sites/default/files/migrated/downloads/Bonsucro%2520Report_FINAL%2520DEC%252017%25202019.pdf.
[6] Ibid., 61.
[7] Ibid., 7.

Las MSIs que afirman abordar los riesgos en los entornos deben realizar auditorías de acuerdo con un estándar que requiera documentación de las relaciones laborales; cubra a los trabajadores temporales y por contrato, y los procesos de reclutamiento; incluya indicadores comerciales que previsiblemente conduzcan al trabajo forzoso (como el abastecimiento por debajo del costo de producción[1]); exija que los empleadores cubran el costo total del reclutamiento y proporcionen prueba de pago; y requiera el consentimiento previo libre e informado[2].

Los inversionistas pueden indagar cómo el plan aborda a los trabajadores y las comunidades vulnerables en sus prácticas estándar y de auditoría, y si verifica los pasos que toma la entidad adherente para brindar protecciones — y de qué manera.

➔  El Estándar Genérico Internacional de GoodWeave exige el cumplimiento en diferentes niveles de producción: exportación, subcontratación y trabajo desde el hogar. Para garantizar la ausencia de trabajo infantil entre las personas que trabajan desde su hogar, el organismo certificador se asegura de que esos trabajadores comprendan los parámetros que rigen la contribución de los niños a su trabajo. Esto incluye la protección de la participación de los niños en la escuela, su bienestar físico y mental, y la supervisión parental durante el trabajo[3].

➔​ El Código de Conducta del Programa de Alimentos Justos exige que las fincas participantes contraten directamente a los trabajadores como empleados, y que éstos completen el registro y reciban tarjetas de tiempo antes de comenzar a trabajar en los campos. En relación con los trabajadores migrantes, el Programa especifica al Servicio Nacional de Empleo (SNE) de México como el único canal de reclutamiento válido para trabajadores temporales con visas H-2A en los Estados Unidos, y verifica el cumplimiento de la legislación estadounidense sobre condiciones laborales y remuneración para trabajadores temporales[4].

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[1] Genevieve LeBaron et al., Informe de Evidencia de Trabajo Forzado: Auditoría Social y Certificación Ética (Re: Structure Lab, julio de 2022), 23-25. https://static1.squarespace.com/static/6055c0601c885456ba8c962a/t/62d746146f5dc5205a17621c/1658275349325/ReStructureLab_SocialAuditingandEthicalCertification_July2022.pdf.
[2] Declan Croucher, “A pesar de las políticas de ‘no cobrar honorarios a los trabajadores’, los trabajadores siguen pagando”, Verité, 18 de agosto de 2023, https://verite.org/despite-no-fees-to-workers-policies-workers-are-still-paying/.
[3] Goodweave. Estándar Genérico Internacional de Goodweave (última revisión: 1 de mayo de 2021). https://goodweave.org/wp-content/uploads/2020/07/GoodWeave-International-Generic-Standard.pdf.
[4] Consejo de Normas Alimentarias Justas. Informe sobre el Estado del Esquema de Alimentos Justos (2021), 44. https://fairfoodprogram.org/results/.