Señal 3

No existe la obligación de compartir la responsabilidad

⚠ Riesgo reputacional ⚠ Riesgo operativo ⚠ Riesgo legal

Qué significa esto

Por qué los inversionistas deberían tomar interés

Qué se debe buscar

Los desequilibrios de poder entre las empresas, los proveedores, y las comunidades en las que operan crean vacíos de información que socavan la confiabilidad del aseguramiento de la sostenibilidad. Cuando las comunidades carecen de la posición para participar en igualdad de condiciones o los proveedores asumen costos de cumplimiento desproporcionados, las infracciones se ocultan, las inquietudes no son escuchadas, y la licencia social de la que dependen las operaciones se erosiona silenciosamente. El resultado es un sistema que no puede producir la información que necesitaría para evaluar, prevenir, o mitigar el riesgo con precisión. Reducir estos desequilibrios de poder es una de las formas más directas de sacar a la luz los riesgos que los esquemas de certificación están diseñados para prevenir.

Garantizar que las comunidades afectadas puedan interactuar con las empresas en igualdad de condiciones es parte de lo que puede hacer creíble el aseguramiento de la sostenibilidad. Por eso, los esquemas deberían exigir tanto la prevención de perjuicios como beneficios tangibles que generen las condiciones para una participación genuina. Sin un enfoque equitativo en el beneficio, se instalará una dinámica extractiva que es en sí misma un motor de conflicto y riesgo operativo. Por ejemplo, se ha determinado que las empresas con calificaciones deficientes en materia de derechos indígenas enfrentan entre 3 y 66 veces la tasa de paralización de operaciones, medidas de aplicación, y problemas legales que aquellas con buenas calificaciones.¹ El reparto de beneficios comunitarios, ya sea a través de planes de beneficios formales, compromisos de compra y empleo local, o acuerdos de copropiedad, es lo que genera una licencia social para operar creíble y duradera.

Los desequilibrios de poder también distorsionan las estructuras de incentivos entre compradores y proveedores. Cuando los compradores realizan cambios de última hora en los pedidos, modifican las condiciones de pago, exigen plazos de entrega más cortos, fijan precios por debajo de los costos de producción, o toman otras medidas para mantener los costos bajos (véase Contratación Responsable), ponen en marcha una dinámica que puede conducir al impago de salarios, malas condiciones laborales, y trabajo forzoso o infantil.² Además, en tales situaciones, los compradores a menudo no comparten la carga financiera de implementar medidas efectivas para proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Esto crea un poderoso incentivo para que los proveedores oculten las violaciones en lugar de sacarlas a la luz, manteniendo los problemas subyacentes invisibles para el comprador y sin resolver.

Para combatir el poder y la dinámica del mercado que llevan a los proveedores a ocultar violaciones, los compradores deben compartir la responsabilidad con los proveedores para minimizar los riesgos en materia de derechos humanos. Según el Proyecto de Contratación Responsable, la responsabilidad compartida implica una “asignación responsable de riesgos y responsabilidades” entre compradores y proveedores, así como “un compromiso conjunto de cooperación en la aplicación de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente (HREDD)”.³ La comunicación entre compradores y proveedores sobre las expectativas y los resultados de cumplimiento es esencial. Para evitar la simple transferencia de responsabilidades, puede ser necesario establecer términos contractuales entre compradores y proveedores que garanticen prácticas de compra responsables, como garantizar precios justos y plazos de entrega razonables. Además, ambas partes deben rendir cuentas por cualquier incumplimiento de las normas laborales y de seguridad, garantizando que la carga de la reparación sea compartida.⁴

La responsabilidad compartida con los proveedores (en forma de contratación responsable) y con las comunidades (en forma de acuerdos de reparto de beneficios) todavía no es una práctica habitual y sigue ausente en muchas normas de las iniciativas. Sin embargo, su omisión puede tener consecuencias materiales. El derrumbe de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh, que cobró la vida de más de 1,100 trabajadores de la confección (en su mayoría mujeres jóvenes y niñas) el 24 de abril de 2013, es un ejemplo de los problemas que pueden surgir con un modelo donde la responsabilidad de mantener las normas laborales recae únicamente sobre las fábricas.¹ A pesar de las grietas estructurales evidentemente visibles en el edificio Rana Plaza y del cierre de las tiendas y el banco en la planta baja, los gerentes de la fábrica presionaron a los trabajadores, a pesar de su renuencia, para que trabajaran ese día. Un estudio de 2019 sobre la tragedia, realizado por el Centro Stern para las Empresas y los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York, concluyó que los bajos márgenes de rentabilidad (de un solo dígito) agravaron la tendencia de los proveedores a comprometer las medidas de seguridad.² Finalmente, 29 marcas fueron expuestas públicamente por tener contratos abiertos con fábricas de confección dentro de Rana Plaza, incluyendo Benetton, Mango, y Primark, entre otras.³ De manera similar, la ausencia de acuerdos de beneficio comunitario en las inversiones basadas en la tierra puede amenazar la licencia social para operar.

En 2014, la empresa australiana de gas Metgasco impulsó la perforación en Bentley, Nueva Gales del Sur, a pesar de años de oposición comunitaria abierta, incluyendo una votación del 87% en contra del desarrollo gasífero en una consulta municipal de 2012.⁴ Cuando miles de residentes bloquearon el sitio, el estado suspendió la licencia de perforación de Metgasco por no haber consultado a la comunidad, lo que detuvo la negociación de sus acciones. Aunque posteriormente un tribunal determinó que la ley no exigía la suspensión, el daño ya estaba hecho.⁵ En lugar de seguir luchando por un proyecto que ya no podía operar, Metgasco vendió sus licencias de vuelta al estado, lo que demuestra la importancia de mantener la licencia social para operar.

Podría decirse que cualquier esquema que certifique un producto fabricado bajo un modelo de negocio perjudicial, como una marca de ropa de bajo precio que prioriza la transición rápida del diseño a la producción para mantenerse al día con las tendencias de la moda (comúnmente conocida como “moda rápida”), es una señal de alerta. Indica que la certificación permite a las marcas exigir a sus proveedores la entrega de productos en plazos de entrega cortos y a bajo costo, una práctica que puede generar más incidentes como el de Rana Plaza. En cambio, las certificaciones que contienen expectativas explícitas de los compradores, incorporando un principio de responsabilidad compartida, pueden evitar estos riesgos y construir cadenas de suministro más resilientes. Cabe destacar que la práctica de la moda rápida podría convertirse pronto en un riesgo legal. En marzo de 2024, la Asamblea Nacional Francesa aprobó por unanimidad, seguida por el Senado en junio de 2025, un proyecto de ley para combatir la moda rápida, impidiendo a las empresas de ropa anunciar ese tipo de prendas y exigiéndoles el pago de multas para cubrir su impacto ambiental.

→ Demuestra: Riesgo reputacional, riesgo operativo, riesgo legal.

La mayoría de las iniciativas certifican a los proveedores, no a los compradores, y se centran en cómo los proveedores gestionan sus propias operaciones en lugar de cómo los compradores gestionan sus relaciones con la cadena de suministro. Aún menos iniciativas abordan las responsabilidades de las empresas hacia las comunidades afectadas por sus operaciones. Los inversionistas pueden buscar dos cosas: si la iniciativa responsabiliza a los compradores por sus prácticas de abastecimiento como condición para la membresía, y si exige que las empresas ofrezcan beneficios tangibles a las comunidades afectadas, no solo que prevengan perjuicios.

Algunas iniciativas incluyen medidas que reconocen el poder y la responsabilidad del comprador. Por ejemplo:

➔ El Estándar actualizado de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance (2020) exige que las iniciativas de sostenibilidad de los productores participantes se incluyan en el costo como una prima. Exigiendo una “transformación fundamental de los principios operativos de la cadena de suministro,” el esquema ha implementado dos requisitos para los compradores:

Diferencial de Sostenibilidad: un pago monetario obligatorio que se paga a los productores además del precio de mercado por la venta de cultivos certificados.
Inversiones en Sostenibilidad: mediante las cuales los actores del mercado contribuyen a los recursos necesarios para que el productor realice cambios que impulsarán el progreso de la sostenibilidad.¹

➔ La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA) exige que las empresas desarrollen un plan de beneficios comunitarios en colaboración con las comunidades afectadas, incluyendo medidas orientadas a mejorar el bienestar social y económico, compromisos de compra y empleo local, y mecanismos autosuficientes diseñados para perdurar más allá de la vida útil de la operación.

➔ Fair Wear realiza controles de desempeño en las empresas miembros como parte de su “enfoque único de responsabilidad compartida para mejorar las condiciones de trabajo.”² Esto incluye el criterio de que los miembros compartan la responsabilidad con los proveedores, enfatizando que “las condiciones de las fábricas no pueden separarse de las prácticas de compra de las marcas.”³

➔ El Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, acuerdo marco legalmente vinculante entre las marcas de ropa y los sindicatos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de la industria textil y de la confección, exige a las marcas contribuir al costo operativo del esquema y apoyar financieramente a las fábricas cuando sea necesario implementar medidas de reparación.⁴

➔ Las empresas miembros de la Asociación para el Trabajo Justo son evaluadas según sus prácticas, políticas e implementación de compras responsables. El Principio 2 de sus Principios de Trabajo Justo y Abastecimiento Responsable reza:

Principios de Trabajo Justo y Abastecimiento Responsable

Prácticas de compra responsables: Compromiso de alinear las prácticas de planificación y compra con los estándares del lugar de trabajo.⁵

El Proyecto de Contratación Responsable y el Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa desarrollaron la Guía Para Inversionistas sobre Contratación Responsable para ayudar a los inversionistas a integrar los principios de responsabilidad compartida en sus contratos comerciales. Esta herramienta (disponible aquí) incluye preguntas de muestra que los inversionistas pueden utilizar en conversaciones con las empresas, modelos de resolución de accionistas, modelos de cartas de compromiso para inversionistas, y respuestas de muestra ante las objeciones de las empresas.

Lista de verificación para la Señal de Alerta 3

¿La iniciativa exige que la entidad miembro o la empresa líder asuma responsabilidad por los impactos que ocurren a lo largo de sus operaciones?

Las buenas prácticas incluyen, entre otras:

Realizar una debida diligencia continua que sea participativa, transparente y oportuna
Practicar compras responsables que permitan que todos los proveedores de la cadena de valor respeten plenamente los derechos de los trabajadores
Compartir la responsabilidad por la reparación de los daños
Incluir en la norma una disposición para evaluar las estrategias de abastecimiento de la empresa

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Señales de Alerta en las​Iniciativas de Sostenibilidad​

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