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3. No existe obligación de que las marcas compartan la responsabilidad con los proveedores.

  • Qué significa esto 
  • Por qué debería importarles a los inversionistas​
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Las fallas subyacentes de la auditoría social, particularmente en la fabricación y el abastecimiento de materias primas, residen en el desequilibrio de poder entre proveedores y marcas, así como en una estructura de incentivos sesgada[1]. Las prácticas de compra de una marca pueden tener un impacto desproporcionado en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos por parte de un proveedor. Cuando los compradores realizan cambios de última hora en los pedidos, modifican las condiciones de pago, exigen plazos de entrega más cortos, fijan precios por debajo de los costos de producción, o toman otras medidas para mantener los costos bajos[2], ponen en marcha una dinámica que puede conducir al impago de salarios, malas condiciones laborales, y trabajo forzoso o infantil[3]. Además, en tales situaciones, los compradores a menudo no comparten la carga financiera de implementar medidas efectivas para proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Esta dinámica de trasladar responsabilidades para gestionar las consecuencias negativas de ciertas prácticas de compra y otros retos locales crea un incentivo para que los proveedores oculten las violaciones para mantener la relación con el comprador, lo que significa que los problemas quedan sin resolver.

Sin embargo, las prácticas de compra de las marcas suelen quedar fuera del alcance de los esquemas de certificación[4]. Para combatir el poder y la dinámica del mercado que llevan a los proveedores a ocultar violaciones, los compradores deben compartir la responsabilidad con los proveedores para minimizar los riesgos en materia de derechos humanos. Según el Proyecto de Contratación Responsable, la responsabilidad compartida implica una asignación responsable de riesgos y responsabilidades entre compradores y proveedores, así como un compromiso conjunto de cooperación en la aplicación de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente[5]. La comunicación entre compradores y proveedores sobre las expectativas y los resultados de cumplimiento es esencial. Para evitar la simple transferencia de responsabilidades, puede ser necesario establecer términos contractuales entre compradores y proveedores que garanticen prácticas de compra responsables, como garantizar precios justos y plazos de entrega razonables. Además, ambas partes deben rendir cuentas por cualquier incumplimiento de las normas laborales y de seguridad, garantizando que la carga de la reparación sea compartida[6].
[1]   Ana Pérez Adroher. De la política al impacto: Análisis de los riesgos de esclavitud moderna en las empresas de los portafolios (FIDH: Federación Internacional de Derechos Humanos, 10 de mayo de 2021). https://www.fidh.org/IMG/pdf/from_policies_to_impacts_analysing_modern_slavery_risks_in_portfolio_companies.pdf.; Genevieve LeBaron et al. Informe sobre Evidencia de Trabajo Forzoso: Auditoría Social y Certificación Ética (Re: Structure Lab, julio de 2022). https://static1.squarespace.com/static/6055c0601c885456ba8c962a/t/62d746146f5dc5205a17621c/1658275349325/ReStructureLab_SocialAuditingandEthicalCertification_July2022.pdf.; Integridad de las MSIs. No Apto para el Propósito: El Gran Experimento de Iniciativas de Múltiples Partes Interesadas en Responsabilidad Corporativa, Derechos Humanos y Gobernanza Global (julio de 2020). https://www.msi-integrity.org/wp-content/uploads/2020/07/MSI_Not_Fit_For_Purpose_FORWEBSITE.FINAL_.pdf.
[2] Proyecto de Contratación Responsable e ICCR. Guía para Inversionistas sobre Contratación Responsable (marzo de 2024). https://www.responsiblecontracting.org/_files/ugd/fcee10_9f95dd6727144ac08e2bd4262bb78cf6.pdf.
[3] Daniel Vaughan-Whitehead y Luis Pinedo Caro. Issue Brief No. 10: Prácticas de Compras y Condiciones de Trabajo en las Cadenas Globales de Suministro: Resultados de la Encuesta Global (Organización Internacional del Trabajo, 2017), 11. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_556336.pdf.
[4] Pérez Adroher, De la Política al Impacto; LeBaron et al., Auditoría Social y Certificación Ética; Integridad de las MSIs, No Apto para el Propósito.
[5] Principios básicos del RCP. Proyecto de Contratación Responsable, consultado el 5 de abril de 2024. https://www.responsiblecontracting.org/principles.
[6] Ibid.
La responsabilidad compartida es relativamente nueva y aún no se refleja en muchas normas, pero su omisión tiene consecuencias materiales. El derrumbe de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh, que cobró la vida de más de 1,100 trabajadores de la confección (en su mayoría mujeres jóvenes y niñas) el 24 de abril de 2013, es un ejemplo de los problemas que pueden surgir con un modelo donde la responsabilidad de mantener las normas laborales recae únicamente sobre las fábricas[1]. A pesar de las grietas estructurales evidentemente visibles en el edificio Rana Plaza y del cierre de las tiendas y el banco en la planta baja, los gerentes de la fábrica presionaron a los trabajadores, a pesar de su renuencia, para que trabajaran ese día. Un estudio de 2019 sobre la tragedia, realizado por el Centro Stern para las Empresas y los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York, concluyó que los bajos márgenes de rentabilidad (de un solo dígito) agravaron la tendencia de los proveedores a comprometer las medidas de seguridad[2]. Finalmente, 29 marcas fueron expuestas públicamente por tener contratos abiertos con fábricas de confección dentro de Rana Plaza, incluyendo Benetton, Mango, y Primark, entre otras[3].

Podría decirse que cualquier esquema que certifique un producto fabricado bajo un modelo de negocio perjudicial, como una marca de ropa de bajo precio que prioriza la transición rápida del diseño a la producción para mantenerse al día con las tendencias de la moda (comúnmente conocida como “moda rápida”), es una señal de alerta. Indica que la certificación permite a las marcas exigir a sus proveedores la entrega de productos en plazos de entrega cortos y a bajo costo — una práctica que puede generar más incidentes como el de Rana Plaza. En cambio, las certificaciones que contienen expectativas explícitas de los compradores, incorporando un principio de responsabilidad compartida, pueden evitar estos riesgos y construir cadenas de suministro más resilientes. Cabe destacar que la práctica de la moda rápida podría convertirse pronto en un riesgo legal. En marzo de 2024, la Asamblea Nacional Francesa aprobó por unanimidad, seguida por el Senado en junio de 2025, un proyecto de ley para combatir la moda rápida, impidiendo a las empresas de ropa anunciar ese tipo de prendas y exigiéndoles el pago de multas para cubrir su impacto ambiental.

→ Demuestra: Riesgo reputacional, riesgo operativo, riesgo legal.
[1] Amy Kazmin. “Cómo Benetton afrontó las consecuencias del incidente de Rana Plaza”, Financial Times, 20 de abril de 2015. https://www.ft.com/content/f9d84f0e-e509-11e4-8b61-00144feab7de.
[2] Paul M. Barrett, Dorothée Baumann-Pauly y April Gu. Cinco años después de Rana Plaza: El Camino a Seguir (Centro Stern de NYU para los Negocios y los Derechos Humanos, abril de 2018), 9. https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/NYU_Rana_Plaza_report.pdf.
[3] “Rana Plaza”, Campaña Ropa Limpia, consultado el 5 de marzo de 2024. https://cleanclothes.org/campaigns/past/rana-plaza.
La mayoría de las certificaciones certifican al proveedor — no la relación entre el comprador y el proveedor. De esta manera, garantizan al comprador que ese proveedor es superior a otros. Para aplicar la responsabilidad compartida en el contexto de una certificación, un esquema podría exigir al comprador que rinda cuentas de sus políticas de compras como requisito previo para la membresía. Esto podría implicar la adopción de un estándar para evaluar las prácticas de abastecimiento de la empresa miembro, ya que es bien sabido que estas prácticas constituyen una fuente de riesgo para la cadena de suministro.

Algunas iniciativas incluyen medidas que reconocen el poder y la responsabilidad del comprador. Por ejemplo:
➔  El Estándar actualizado de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance (2020) exige que las iniciativas de sostenibilidad de los productores participantes se incluyan en el costo como una prima. Exigiendo una “transformación fundamental de los principios operativos de la cadena de suministro”, el esquema ha implementado dos requisitos para los compradores: 
  1. Diferencial de Sostenibilidad: un pago monetario obligatorio que se paga a los productores además del precio de mercado por la venta de cultivos certificados. 
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  2. ​Inversiones en Sostenibilidad: mediante las cuales los actores del mercado contribuyen a los recursos necesarios para que el productor realice cambios que impulsarán el progreso de la sostenibilidad[1].
Las siguientes dos iniciativas que no certifican también se destacan por tener en cuenta el poder y la responsabilidad del comprador de diferentes maneras:
➔ Fair Wear realiza controles de desempeño en las empresas miembros como parte de su “enfoque único de responsabilidad compartida para mejorar las condiciones de trabajo”[2]. Esto incluye el criterio de que los miembros compartan la responsabilidad con los proveedores, enfatizando que “las condiciones de las fábricas no pueden separarse de las prácticas de compra de las marcas”[3].

→ El Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, acuerdo marco legalmente vinculante entre las marcas de ropa y los sindicatos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de la industria textil y de la confección, exige a las marcas contribuir al costo operativo del esquema y apoyar financieramente a las fábricas cuando sea necesario implementar medidas de reparación[4].

→ Las empresas miembros de la Asociación para el Trabajo Justo son evaluadas según sus prácticas, políticas e implementación de compras responsables. El Principio 2 de sus Principios De Trabajo Justo Y Abastecimiento Responsable reza: “Prácticas de compra responsables: Compromiso de alinear las prácticas de planificación y compra con los estándares del lugar de trabajo”[5].
El Proyecto de Contratación Responsable y el Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa desarrollaron la Guía Para Inversionistas sobre Contratación Responsable para ayudar a los inversionistas a integrar los principios de responsabilidad compartida en sus contratos comerciales. Esta herramienta (disponible aquí) incluye una vista general de los conceptos clave, un modelo de carta de compromiso corporativo, un modelo de resolución de accionistas, cláusulas modelo, preguntas sobre participación corporativa, y las objeciones frecuentes en las empresas.
[1] Rainforest Alliance. Estándar de Agricultura Sostenible 2020: Requisitos para las Fincas (última corrección el 20 de marzo de 2023), 40. https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/2020-sustainable-agriculture-standard-farm-requirements/.
[2] “Controles de desempeño de marca”, Fair Wear, consultado el 17 de junio de 2024. https://www.fairwear.org/join-the-movement/brand- performance-check/.
[3] Fair Wear, Teoría del cambio de la Fundación Fair Wear (2019), 4. https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2019/10/FairWear_ToC_Narrative_DESIGNED-converted.pdf.
[4] “Signatarios: Únanse a las marcas que promueven lugares de trabajo más seguros dentro de sus cadenas de suministro”. Acuerdo Internacional, consultado el 6 de marzo de 2024. https://internationalaccord.org/signatories/.
[5] “Principios de trabajo justo y abastecimiento y producción responsables para la industria manufacturera”, Asociación para el Trabajo Justo, consultado el 1 de julio de 2024. https://www.fairlabor.org/accountability/standards/manufacturing/mfg-principles/.
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