Señal 14

No hace pública la información sobre auditorías, reclamos o cumplimiento

Riesgo reputacional

Qué significa esto

Por qué los inversionistas deberían tomar interés

Qué se debe buscar

La divulgación pública de la metodología de auditoría, el cumplimiento, y las denuncias presentadas permiten el seguimiento público y genera rendición de cuentas y confiabilidad del esquema. La Organización Internacional de Normalización (ISO) aborda la transparencia en la norma ISO 17021, que describe los requisitos para los organismos que realizan auditorías y certificaciones de sistemas de gestión. La norma exige que los organismos de certificación sean transparentes en sus operaciones, incluyendo la divulgación de sus procesos de auditoría, los criterios de certificación, y las cualificaciones de sus auditores.

Las Directrices de la OCDE no exigen explícitamente que las empresas hagan públicos sus informes de auditoría. Sin embargo, sí enfatizan la transparencia, la rendición de cuentas, y la divulgación como principios clave para una conducta empresarial responsable. Por ejemplo, las Directrices alientan a las empresas a divulgar información oportuna y precisa sobre todos los asuntos relevantes relacionados con sus actividades, estructura, situación financiera, desempeño, estructura de propiedad, y gobernanza. Esto incluye información financiera y no financiera. En concreto, el Capítulo III sobre Divulgación recomienda que las empresas se aseguren de que sus políticas de divulgación sean transparentes y proporcionen información relevante para las diferentes partes interesadas.

Lamentablemente, la transparencia aún no se ha convertido en un estándar. En 2019, la Campaña Ropa Limpia (CCC) informó sobre múltiples normas que no contaban con los mecanismos de transparencia necesarios.¹ Una de ellas fue Social Accountability Accreditation Services (SAAS), una división de Social Accountability International (SAI), propietaria de la norma SA8000. La CCC afirma que SAAS “no revela el número de trabajadores por instalación. Adicionalmente, los informes de auditoría, que incluyen los riesgos identificados y documentados y las medidas correctivas adoptadas, no son accesibles a los trabajadores, los sindicatos, ni las organizaciones de derechos laborales.”² SAI cuestiona la divulgación pública de las auditorías, ya que a menudo tiene el efecto contrario: tiende a desalentar la transparencia y puede fomentar el encubrimiento y el engaño en las auditorías por parte de las organizaciones que buscan la certificación. No hacer que las auditorías estén disponibles para el público también es importante para proteger la confidencialidad de los trabajadores.

Sin embargo, cuando las partes interesadas afectadas no tienen acceso a las auditorías externas, no pueden corroborar su validez ni medir el progreso y las mejoras.³ Si bien es necesario tener cautela para garantizar que la publicación de las auditorías no perjudique a los titulares de derechos, es necesario que exista cierto nivel de transparencia para que las partes interesadas sepan qué tan bien está funcionando la iniciativa para mejorar la protección de los derechos humanos en los lugares de trabajo. Los trabajadores conocen mejor sus propios lugares de trabajo, de la misma manera que las comunidades comprenden mejor su dinámica comunitaria y sus derechos de propiedad. Los titulares de derechos tienen una visión única de las complejidades de sus entornos laborales y están bien posicionados para validar o refutar las conclusiones de los informes de auditoría. El informe sobre Auditoría Social y Certificación Ética de Re:Structure Lab señala que “los investigadores han destacado la necesidad de que los trabajadores tengan acceso a los informes de auditoría, así como a mecanismos de retroalimentación para denunciar disputas e idealmente buscar soluciones.”⁴

Aunque rara vez es un requisito de las MSIs, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas piden cada vez más acceso a la información de auditoría antes de que los informes se finalicen. Esto puede incluir compartir los hallazgos preliminares con las comunidades o divulgar los planes de acción correctiva durante cualquier período previo a la publicación.

El incendio de Ali Enterprises en Pakistán en 2012, que cobró la vida de más de 250 trabajadores, expuso graves fallas en los procesos de auditoría y certificación allí. La fábrica había sido certificada como segura según la norma SA8000 por la empresa italiana de auditoría RINA apenas unas semanas antes del incendio, a pesar de la presencia de importantes problemas de seguridad (como salidas de emergencia bloqueadas y ventanas obstaculizadas con barrotes), que contribuyeron al elevado número de víctimas mortales, ya que los trabajadores no pudieron escapar del edificio a tiempo.¹ La certificación de RINA indicó que la fábrica cumplía con los estándares internacionales de seguridad, lo cual no era el caso. La falta de transparencia y rendición de cuentas en el proceso de auditoría creó las condiciones para el desastre. Según OECD Watch, el hecho de que estos informes de auditoría no se pusieran a disposición de los titulares de derechos afectados (impidiendo la verificación independiente y socavando la credibilidad de las certificaciones) agravó la situación.² Un análisis de las condiciones de la fábrica cinco años después de la tragedia reveló que poco había cambiado para mejorar realmente la seguridad de los trabajadores.³

En septiembre de 2018, la Asociación de Afectados por el Incendio de la Fábrica de Ali Enterprises, compuesta de varios sindicatos y ONGs, presentó una queja contra RINA ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Italia por incumplimiento de las Directrices de la OCDE. En la queja, instaron a RINA a que dispusiera la “divulgación pública de futuros informes de auditoría, al menos al sindicato pertinente, a los trabajadores de la fábrica auditada, y a los organismos gubernamentales pertinentes.”⁴

→ Demuestra: Riesgo reputacional.

Los inversionistas pueden examinar los documentos de las políticas de la iniciativa para comprender si los informes de auditoría se comparten con los trabajadores afectados o con los miembros de la comunidad, que pueden verificar o disputar los hallazgos. También pueden verificar si la iniciativa tiene una base de datos de denuncias con información detallada.

➔ La Herramienta de Evaluación de la Certificación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF CAT) incluye las siguientes estipulaciones:

“Los organismos de certificación deben publicar información sobre las próximas auditorías de certificación y vigilancia programadas en un sitio web o lista de correo operado por un esquema nacional y/o internacional común.”
“Los informes resumidos de las auditorías de certificación y vigilancia (incluyendo las fechas, las ubicaciones, el alcance de la auditoría, la composición del equipo, las principales conclusiones y las solicitudes de acciones correctivas) deben estar disponibles públicamente en un idioma oficial de las Naciones Unidas y en un idioma local común en un sitio web.”
“Los informes resumidos de las auditorías de certificación y vigilancia se deben poner a disposición del público dentro de los 90 días siguientes a la finalización de la auditoría (ver Señal de Alerta 11).”¹

➔ La Red de Responsabilidad Social Impulsada por los Trabajadores (WSR) requiere que los miembros proporcionen informes anuales detallados que incluyan datos sobre el volumen de denuncias y los plazos de resolución, los niveles generales de cumplimiento de los proveedores a lo largo del tiempo, y comentarios cualitativos de los trabajadores sobre la eficacia del programa de WSR.²

➔ La Asociación para el Trabajo Justo publica los resultados de las auditorías “para fomentar un diálogo abierto y honesto sobre las condiciones que enfrentan los trabajadores, garantizar la responsabilidad de la marca, y ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas sobre los productos que compran.”³

➔ Fairtrade International exige que los resultados de las auditorías se compartan con los trabajadores. Establece que “la empresa debe compartir los resultados de las auditorías con los trabajadores después de cada auditoría en un formato y un idioma accesibles para ellos.”⁴

➔ La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA):⁵

Anuncia públicamente el inicio de cada evaluación por parte de terceros y las fechas previstas para las auditorías in situ.
Publica un informe resumido de la auditoría en su sitio web, dentro de los 15 días posteriores a la decisión de reconocimiento.
Limita las redacciones a información comercial confidencial o a riesgos de seguridad individual.
Exige que los informes de auditoría se publiquen en inglés y hasta en dos idiomas adicionales que representen los idiomas predominantes de los grupos de partes interesadas identificados.

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