Alineación con los estándares internacionales

1. No existe un compromiso explícito con las normas internacionales de derechos humanos, o el compromiso abarca algunos pero no todos los derechos humanos más importantes. 

2. No existe un papel explícito para los titulares de derechos en el establecimiento de estándares.​

Alcance

3. No existe obligación de que las marcas compartan la responsabilidad con los proveedores.

4. No tiene en cuenta adecuadamente a las personas vulnerables.

5. No tiene en cuenta adecuadamente el género.

Auditorías

6. Permite a la empresa o proveedor auditado pagar directamente la auditoría y/o elegir al auditor.

7. No se exige que los auditores tengan competencias en derechos humanos ni conocimiento del contexto local. 

8. Las auditorías se llevan a cabo de manera no presencial, entre otras debilidades procesales.

9. La auditoría es aprobada a pesar de que la muestra no sea representativa, o de un tamaño insuficiente de la muestra.

Mecanismos de presentación de denuncias

10. No existe un mecanismo de presentación de denuncias a nivel del esquema y/o no existe un requisito para un mecanismo de presentación de denuncias en el estándar. 

11. No existen controles para garantizar que los mecanismos de presentación de denuncias brinden soluciones efectivas. 

Gobernanza y rendición de cuentas

12. Falta o mala comunicación de la norma de la iniciativa o de los requisitos de certificación a todas las partes interesadas.

13. No existe un proceso para suspender o retener la membresía o certificación hasta que se adopten e implementen planes de acción correctiva.

14. No hace pública la información sobre auditorías, reclamos o cumplimiento.

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13. No existe un proceso para suspender o retener la membresía o certificación hasta que se adopten e implementen planes de acción correctiva.

• Qué significa esto 
• Por qué debería importarles a los inversionistas​
• Qué se debe buscar​

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El Principio de Credibilidad de ISEAL sobre “Confiabilidad” establece que un sistema de sostenibilidad exitoso “garantiza que las evaluaciones del desempeño en sostenibilidad de los usuarios sean competentes y precisas, y que estas evaluaciones respalden cualquier reclamo que permita que hagan los usuarios”[1]. Las MSIs confiables cuentan con mecanismos para responsabilizar a sus miembros cuando se identifican desviaciones significativas del estándar y tienen un historial de cumplimiento de los procedimientos establecidos. En casos de desviación, la iniciativa debe suspender a los miembros (o la certificación, o suspender su otorgamiento), y alentar a o colaborar con las empresas para que adopten e implementen plenamente planes de acción correctiva como condición para recuperar o recibir la membresía o la certificación.

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[1] ISEAL Alliance. Principios de credibilidad de ISEAL - Versión 2 (junio de 2021). https://www.isealalliance.org/sites/default/files/resource/2021-06/ISEAL-Credibility-Principles-V2-2021_EN_ISEAL_June-21.pdf.

En 1995, la organización de derechos humanos Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) acusó a la empresa de palma PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) de acceder a tierras pertenecientes al pueblo indígena Dayak para cultivar sin el consentimiento libre, previo e informado de ese grupo étnico. Tras años de esfuerzos de los Dayak por recuperar sus derechos de cultivo, Sime Darby (empresa comercial malaya y miembro de RSPO) adquirió a MAS en 2007. En 2018, TuK Indonesia presentó una queja contra RSPO ante el Punto de Contacto Nacional Suizo, citando el fracaso de RSPO en abordar las quejas de la comunidad a pesar de reunirse con la empresa “más de 25 veces”[1]. Un análisis de la queja por parte de ECCHR y sus socios afirma que “los estudios han demostrado que los casos de incumplimiento de los requisitos de RSPO prácticamente no tuvieron consecuencias, que los procedimientos de queja eran ineficientes, y que los organismos de certificación no fueron suspendidos”[2]. En 2017, RSPO actualizó sus Procedimientos de Presentación de Denuncias y Apelaciones.

En otro caso, la Red de Acción por los Bosques Tropicales (RAN), Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha Kerakyatan (Oppuk), y el Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF) detectaron múltiples violaciones de los derechos laborales en London Sumatra Indonesia Tbk (PT Lonsum), plantación certificada por RSPO en el norte de Sumatra, Indonesia, y filial de la empresa alimentaria indonesia Indofood. Las ONGs presentaron una queja contra Indofood ante RSPO en 2016. Tras más de dos años de proceso, cuando la disputa seguía sin resolverse, las ONGs solicitaron al panel de RSPO que suspendiera la certificación de Indofood “hasta que se tomaran medidas transparentes para resolver las violaciones descritas”[3]. Finalmente, en noviembre de 2018 (dos años después de que se presentó la queja), el Panel de RSPO decidió “suspender con efecto inmediato la certificación de la fábrica de aceite de palma Begerpang Palm Oil Mill y sus bases de suministro. El levantamiento de la suspensión de la certificación está condicionado a que PT Lonsum cumpla con la directiva del Panel mencionada anteriormente sobre la implementación de las medidas correctivas”[4].

→ Demuestra: Riesgo reputacional, riesgo legal.

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[1] OECD Watch. TuK Indonesia vs. Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), (23 de enero de 2018). https://www.oecdwatch.org/complaint/tuk-indonesia-vs-roundtable-on-sustainable-palm-oil-rspo/.
[2] Claudia Müller-Hoff, ¿Idoneidad de los derechos humanos en la industria de la auditoría y la certificación? Un análisis intersectorial de los desafíos actuales y posibles respuestas (ECCHR, Brot für die Welt y MISEREOR, 2021), 17. https://www.ecchr.eu/en/publication/human-rights-fitness-audits/.
[3] RAN, OPPUK e ILRF, correo electrónico a los miembros del Panel de Quejas de RSPO, 2 de noviembre de 2018, 2. https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/06/RAN__OPPUK___ILRF%27s_Complaint_Submission_to_RSPO.pdf.
[4] “Decisión del Panel de Quejas sobre PT PP London Sumatra Indonesia Tbk”, 2 de noviembre de 2018. https://ap45.salesforce.com/sfc/p/#90000000YoJi/a/90000000PYaf/6mJ.T1HSMNHdkSdhiOT8z3ldAHk8eJ6fHGUeIpz9jB0.

Las iniciativas deben exigir a las empresas y proveedores participantes que mantengan sistemas eficaces para detectar perjuicios (como mecanismos sólidos de presentación de denuncias), y que actúen en consecuencia remediando los perjuicios y previniendo su recurrencia. Las iniciativas difieren en cuanto a si se dará de baja a un proveedor cuando se detecten infracciones, aunque la práctica de “salir corriendo” (terminar inmediatamente una relación comercial) no suele considerarse una buena práctica[1].

Las iniciativas legalmente vinculantes permiten una mejor rendición de cuentas de las empresas participantes cuando no cumplen con los estándares. Los inversionistas pueden verificar si la iniciativa incluye una disposición legalmente vinculante que garantice que cuando se detecten infracciones las empresas estén obligadas a remediarlas y prevenir futuras infracciones.

➔  Una característica clave del Programa de Alimentos Justos, es la existencia de contratos vinculantes con los compradores participantes (marcas/minoristas) que firman acuerdos comprometiéndose a comprar tomates únicamente a productores que cumplen con las normas y a pagar la Prima de Alimentos Justos que se transfiere a los trabajadores. El sitio web del Programa de Alimentos Justos destaca que “los compradores participantes deben suspender las compras a los productores que no hayan cumplido con su Código de Conducta”[2]. La suspensión es solo el “punto de partida para una conversación” sobre mejoras[3]. 

➔  Como parte del Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, se espera que las empresas trabajen con los proveedores para cumplir con los estándares de la iniciativa, de modo que los trabajadores del proveedor no sufran más daños a través de despidos.

Cuando las iniciativas no sean jurídicamente vinculantes, los inversionistas deben asegurarse no sólo de tener procesos establecidos para descertificar a los miembros que no cumplan sus requisitos, sino también de seguir esos procesos cuando sea necesario.

➔  En 2021, el Consejo de Administración Forestal (FSC) rompió vínculos con el Grupo Korindo (conglomerado dedicado a la producción de astillas de madera, papel, aceite de palma y otros productos) debido a acusaciones de deforestación y violaciones de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos por supervisar y asegurar el cumplimiento, el FSC canceló la certificación de Korindo cuando el progreso y el cumplimiento de los requisitos de certificación fueron insuficientes.

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[1] Los Principios Rectores de la ONU abogan por la remediación y la cooperación en lugar de la desvinculación, ya que abandonar a los proveedores puede causar mayores daños a los trabajadores y no contribuye a mejoras a largo plazo en las condiciones de derechos humanos. El PRNU 19 destaca que las empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto y tomar las medidas pertinentes, lo que incluye colaborar con los proveedores para abordar las violaciones de los derechos humanos.
[2] “Programa de Alimentos Justos: El poder de la prevención”. Programa de Alimentos Justos, consultado el 7 de marzo de 2024. https://fairfoodprogram.org/.
[3] Antonella Angelini y Shauna Curphey. “Las ventajas ignoradas del sistema independiente de monitoreo e investigación de denuncias en el modelo de responsabilidad social impulsado por los trabajadores en la agricultura estadounidense”, Business and Human Rights Journal 7, No. 3 (12 de octubre de 2022): 497. https://doi.org/10.1017/bhj.2022.25.