Señal 1

No existe un compromiso explícito con las normas internacionales de derechos humanos, o el compromiso abarca algunos pero no todos los derechos humanos más importantes

⚠ Riesgo legal ⚠ Riesgo reputacional ⚠ Pérdida financiera directa

Qué significa esto

Por qué los inversionistas deberían tomar interés

Qué se debe buscar

Es poco probable que las iniciativas que no hacen referencia explícita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), o las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (EMN) sobre Conducta Empresarial Responsable (Directrices de la OCDE) prevengan y mitiguen todos los riesgos relevantes para los derechos humanos. Cuando las iniciativas no hacen referencia a los derechos humanos o a las normas laborales internacionales, esto puede constituir una señal de alerta.

Un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la indivisibilidad, lo que significa que los derechos humanos son interdependientes y que el disfrute de un derecho depende del cumplimiento de los demás. Por lo tanto, todos los derechos enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos forman parte de un marco integral que sustenta la dignidad humana, la igualdad y el bienestar.

El PRNU 24 reconoce la necesidad de que las empresas prioricen los riesgos reales o potenciales más graves, principio que también se aplica a las auditorías. Cuando una iniciativa hace referencia a los derechos humanos pero no cubre los problemas más destacados asociados con una materia prima, sector, producto o ubicación de alto riesgo, puede que no cumpla su propósito. El estándar de la iniciativa puede ser inferior a los requisitos legales. Por lo tanto, los inversionistas deben ser conscientes de que las empresas a veces señalan su participación en esquemas de auditoria social como evidencia de HREDD en cuestiones que las normas no están diseñadas para abordar. Por ejemplo, una marca puede mostrar una certificación o una auditoría aprobada como evidencia de debida diligencia dentro de su cadena de suministro de fabricación a pesar del hecho de que la norma de auditoría no requiera el pago de un salario digno, o requerimientos en cuanto a tiempos por parte del comprador que lo lleve a pagar precios que permitan un salario digno. Las iniciativas también pueden no tener en cuenta el abastecimiento de regiones de alto riesgo o afectadas por conflictos como Xinjiang (China), Rusia, o Myanmar. Los esquemas que toman un acercamiento amplio a los derechos humanos, y que pueden demostrar que toman en cuenta los derechos más significativos, son indicadores más confiables de buenas prácticas que los que no.

Las iniciativas también deberían asumir un compromiso explícito con la diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos y medio ambiente (hHREDD, por sus siglas en inglés) en áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo (CAHRAs, por sus siglas en inglés). Los PRNU exigen una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos y medio ambiente en estos contextos (ver la Guía de Participación de las Partes Interesadas para más información sobre las CAHRAs). Para los inversionistas, las CAHRAs exponen a las empresas a sanciones, restricciones a la exportación e importación, infracciones de las normas contra el lavado de dinero, responsabilidad civil y penal, y expropiación de activos. Una iniciativa que no exige explícitamente la hHREDD para operaciones en CAHRAs, o que aplica una norma uniforme sin importar el contexto, deja un vacío precisamente donde los riesgos son más agudos.

No basta con declarar un compromiso con las normas internacionales de derechos humanos. Es necesario que dicho compromiso esté integrado en los estándares, garantías y códigos de conducta de los esquemas, y reflejado en los resultados para los titulares de derechos. Cuando el esquema da un papel principal a los titulares de derechos en su diseño e implementación, como es el caso de las iniciativas impulsadas por los trabajadores y la comunidad, es un fuerte indicador de un compromiso arraigado en las normas internacionales (ver Señal de Alerta 2). Por esta razón, una iniciativa que no presenta la Señal de Alerta 2 (es decir, que involucra significativamente a los trabajadores en las normas y el diseño del programa) también puede considerarse libre de la Señal de Alerta 1, incluso si la norma no establece un compromiso explícito con el respeto a las normas internacionales (como es el caso de Leche con Dignidad).

Las iniciativas que no tienen un compromiso político de respetar los estándares internacionales de negocios y derechos humanos, o que no tienen en cuenta adecuadamente los riesgos más destacados para los derechos humanos del sector para el cual establecen estándares, pueden no ser capaces de mejorar las condiciones de trabajo y/o respetar los derechos humanos en las comunidades y regiones en las que operan.

Algunos esquemas de etiquetado social dan a las empresas la apariencia de buenas prácticas cuando, en realidad, no abordan problemas significativos en el producto o la industria que avalan. El Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley, una de las primeras iniciativas sociales, se estableció en 2003 para certificar diamantes como libres de conflicto. Global Witness planteó preguntas sobre la independencia y eficacia del esquema,¹ mientras que Human Rights Watch señaló que el esquema de Kimberley no ofrecía garantías contra el trabajo infantil y una serie de otros abusos de los derechos humanos.²

Muchas grandes pesqueras se han unido al Consejo de Administración Marina (MSC), que certifica y etiqueta productos pesqueros sostenibles. A pesar de la incidencia generalizada y bien documentada de la esclavitud moderna en este sector, el MSC no está diseñado para abordar problemas laborales. Según una investigación sobre esclavitud moderna en el sector pesquero realizada en otoño de 2023 por The Outlaw Ocean Project, varias auditorías sociales no identificaron el trabajo forzoso impuesto por el Estado a la población uigur en plantas de procesamiento de mariscos en China que abastecen a empresas estadounidenses.³ Las diez procesadoras de mariscos que The Outlaw Ocean Project vinculó con el trabajo forzoso uigur estaban certificadas por MSC, y cuatro por el Consejo de Administración de la Acuicultura (ASC), una certificación independiente. Tras las conclusiones de la investigación, MSC admitió que su dependencia de las auditorías sociales presenta “limitaciones significativas”, y ASC anunció planes para “eliminar gradualmente las operaciones del esquema y cesar la inversión en China” (en ese momento, ASC contaba con 289 empresas certificadas en ese país).⁴

Las iniciativas también deben estar preparadas para realizar evaluaciones de relevancia con suficiente frecuencia para entornos volátiles de alto riesgo, y actuar en función de los hallazgos. Las crecientes denuncias de trabajo forzoso en Xinjiang (China) obligaron a la Asociación para el Trabajo Justo (FLA) a emitir un aviso en abril de 2019 advirtiendo a sus miembros que realizaran una debida diligencia adicional. En enero de 2020, la guía se actualizó advirtiendo que ya no era posible una debida diligencia efectiva en Xinjiang debido a las restricciones y el control impuestos por el gobierno chino.⁵ La FLA recomendó que las empresas presupusieran que las materias primas y los productos semiacabados o terminados de Xinjiang probablemente se produjeron con trabajo forzoso y, en consecuencia, ajustaran sus prácticas de abastecimiento. La Iniciativa para un Mejor Algodón (BCI), iniciativa independiente de la FLA, también emitió una declaración en enero de 2020, pero indicando que no tenía “evidencia de trabajo forzoso en fincas dentro de los programas de BCI”,⁶ y continuó su programa en Xinjiang. Bajo presión, BCI convocó un Grupo de Trabajo sobre Trabajo Forzoso y Trabajo Decente tres meses después para evaluar la eficacia del sistema para “identificar, prevenir, mitigar y remediar los riesgos del trabajo forzoso.”⁷ En su Informe Final y Recomendaciones, el Grupo de Trabajo de BCI concluyó que:

Grupo de Trabajo de BCI sobre Trabajo Forzoso y Trabajo Decente

En comparación con cuestiones ambientales como la salud del suelo y los pesticidas, el trabajo decente (paraguas bajo el cual se identificarían las cuestiones de “trabajo forzoso”) ha recibido un grado comparativamente menor de atención e inversión en todo el programa BCI y el Better Cotton Standard System (BCSS).⁸

En octubre de 2020, BCI decidió poner fin a todas sus actividades en la región, pero sus acciones se retrasaron casi 10 meses con respecto a las de otras iniciativas.⁹

→ Demuestra: Riesgo legal, riesgo reputacional, pérdida financiera directa

Como primer paso, los inversionistas pueden consultar la página principal del sitio web y los documentos del código de conducta y las normas de la iniciativa para verificar si existe una referencia explícita a los derechos humanos y las normas laborales internacionales.

➔ Según los principios de ISEAL para esquemas de sostenibilidad con credibilidad: Un sistema de sostenibilidad con credibilidad tiene un propósito claro: generar impactos sociales, ambientales y económicos positivos, así como eliminar o remediar los impactos negativos. Define y comunica claramente su alcance, sus objetivos específicos de sostenibilidad, y sus estrategias para alcanzarlos (su teoría del cambio).¹

Los inversionistas también pueden verificar si la iniciativa exige explícitamente una diligencia debida intensificada para las operaciones en CAHRAs.

➔ La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA) exige que las empresas desarrollen un plan intensificado de prevención, mitigación y remediación en materia de derechos humanos para las operaciones en, en tránsito por, o que se abastecen de áreas afectadas por conflictos.

A continuación, los inversionistas pueden comprobar si la iniciativa indica claramente los temas incluidos y si se cubren los aspectos más destacados relacionados con ese producto o sector. Al interactuar con las empresas de su portafolio, se puede indagar si confirmaron que el esquema cubrió los riesgos destacados identificados y si la empresa ha realizado su propia evaluación de relevancia.²

Lista de verificación para la Señal de Alerta 1

¿La certificación hace referencia a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) o a las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (EMN) sobre Conducta Empresarial Responsable?

¿El esquema indica que realiza una evaluación de relevancia, o exige a las empresas miembro realizar evaluaciones de relevancia para determinar y priorizar los impactos más graves asociados con el sector, el producto (incluyendo los componentes de materias primas), o la ubicación de alto riesgo?

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Señales de Alerta en las​Iniciativas de Sostenibilidad​

No existe un compromiso explícito con las normas internacionales de derechos humanos, o el compromiso abarca algunos pero no todos los derechos humanos más importantes

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