Guía de Introducción
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¿Por qué los contratos son importantes para promover los derechos humanos en las cadenas de suministro globales?Junto con los códigos de conducta de los proveedores, los contratos son la herramienta más utilizada para gestionar los riesgos en las cadenas de suministro, incluyendo los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente. Los contratos convierten las políticas de una empresa (que por sí solas son documentos no vinculantes e inaplicables) en instrumentos vinculantes. Dicho de otro modo, cuando las políticas de derechos humanos y medio ambiente se incorporan en los contratos, éstos se vuelven legalmente vinculantes y exigibles. Por lo tanto, los contratos endurecen políticas blandas y permiten que éstas se globalicen vinculando a partes que operan en diferentes lugares y jurisdicciones legales del mundo.
Lamentablemente, si bien los contratos se utilizan ampliamente para gestionar los riesgos de la cadena de suministro, suelen emplearse de forma indebida en la gestión de los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente. Con demasiada frecuencia, las empresas utilizan sus contratos para transferir riesgos y responsabilidades a sus contrapartes contractuales y a otros actores de sus cadenas de suministro. La responsabilidad de mitigar los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente suele ser transferida por la parte más poderosa (generalmente el comprador/marca/minorista que trata directamente con el consumidor) a la parte menos poderosa (generalmente el proveedor ubicado en el país productor), con poco reconocimiento de que los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente pueden ser causados total o parcialmente por los actos (p. ej.: prácticas de compra) y omisiones (p. ej.: falta de asistencia) de la parte más poderosa. Para formalizar este tipo de transferencia del riesgo, con frecuencia se exige a los proveedores que hagan una promesa contractual (a modo de declaración o garantía) indicando que no hay violaciones a los derechos humanos ni medioambientales en ningún punto de la cadena de suministro, y que todo está perfecto. Dichas promesas son poco realistas, porque no existe una cadena de suministro perfectamente limpia, pero también son peligrosas, porque incentivan a los proveedores a ocultar infracciones por miedo a perder los contratos y a ocultarlas de la vista del comprador, que tiene menos probabilidad de abordarlas. Además de asumir la mayor parte del riesgo contractual, a menudo se espera que los proveedores asuman los costos asociados con el cumplimiento de las normas referentes a los derechos humanos y el medio ambiente, generalmente sin apoyo (financiero o de otro tipo) de sus compradores. Es más, los proveedores a menudo compiten con precios que no cubren los costos de producción, y mucho menos los costos asociados con una conducta empresarial responsable y otras prácticas de compra deficientes.[1] Estas dinámicas se combinan para crear graves presiones comerciales sobre los proveedores, que terminan transmitiéndose a los trabajadores y sus comunidades.[2] Si bien la transferencia de riesgos puede ser eficaz para algunos aspectos de la gestión de riesgos en la cadena de suministro, resulta ineficaz — e incluso peligrosa — para la gestión de riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente. Una conclusión clave de esta Guía para Inversionistas es que, en lo que respecta a la prevención de impactos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente, la transferencia de riesgos no es equivalente a la gestión de riesgos. Los contratos que transfieren los riesgos tienden a agravar los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente, no a mitigarlos. Los inversionistas deben comprender que cuando sus participadas utilizan sus contratos de la cadena de suministro para transferir los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente a sus socios comerciales y proveedores, es poco probable que esto favorezca una gestión eficaz de los riesgos ni que lleve a mejores resultados. La manera más eficaz de gestionar los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente es mitigarlos proactivamente para evitar que se conviertan en daños o impactos adversos reales. Precisamente en esto consiste la HREDD: en la prevención. Como se explica más adelante, avanzar hacia una contratación responsable no solo es más eficaz para prevenir y remediar los impactos adversos, sino también para lograr el cumplimiento de los requisitos legales en constante evolución, incluyendo las nuevas leyes de HREDD, las leyes referentes a los informes de sostenibilidad, y las leyes sobre sanciones comerciales. Para ser componentes eficaces de los procesos de HREDD, los contratos de la cadena de suministro deben avanzar hacia un modelo de contratación responsable en el que ambas partes se comprometan a cooperar en la implementación de una HREDD continua y basada en el riesgo, a compartir la responsabilidad de defender los derechos humanos y las normas ambientales, y a cooperar para brindar reparación a las víctimas en caso de un impacto negativo real. El enfoque de responsabilidad compartida promueve relaciones más equilibradas entre compradores y proveedores, así como una implementación más eficaz de las políticas de derechos humanos y los procesos de gestión de riesgos, lo que a su vez puede contribuir a mejores resultados en materia de derechos humanos y medio ambiente en las cadenas de suministro globales, además de facilitar un mejor cumplimiento legal. [1] Algunos ejemplos de malas prácticas de compra incluyen: imponer precios demasiado bajos para cubrir los costos de producción (incluyendo los costos laborales); realizar cambios de último momento en los pedidos; exigir a los proveedores que asuman responsabilidades de costos relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente sin brindar asistencia adicional (técnica o financiera); realizar modificaciones retroactivas injustas a los términos de pago (p. ej.: solicitar grandes descuentos después de que se haya completado o enviado el pedido); pronósticos inexactos de qué parte de la capacidad de producción de los proveedores debe reservarse y no pagar por la capacidad reservada no utilizada; plazos de entrega cortos, acompañados de fuertes penalizaciones por demoras; y salidas irresponsables.
[2] Por ejemplo, ante los confinamientos relacionados con la COVID-19, muchos compradores invocaron unilateralmente cláusulas de fuerza mayor en sus contratos para eludir sus obligaciones contractuales de comprar a proveedores sin considerar el impacto de sus decisiones en los derechos humanos. Los proveedores, a su vez, redujeron su fuerza laboral, trasladando el impacto económico a los trabajadores (y a sus familias y comunidades). Las cancelaciones de pedidos también generaron una grave epidemia de robo de salarios, en la que millones de dólares en salarios por trabajos completados nunca se pagaron a los trabajadores. Por ejemplo, Ramatex, proveedor de Nike, cerró una fábrica durante la pandemia, y no pagó las indemnizaciones correspondientes a más de 1,500 trabajadores. Ni Ramatex ni Nike han compensado a los trabajadores hasta la fecha, a pesar de la información pública sobre el asunto y las reiteradas consultas de los inversionistas. |
